En Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras.
A este ambiente se le suma también la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas. Paralelamente, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional; al mismo tiempo se consolida al Ejército mexicano (EM), principal perpetrador de variados crímenes de lesa humanidad en la historia reciente de México, como un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario. Se apuesta a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos.
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